En la economía cubana en crisis, donde el PIB se contrajo 1.1% el año pasado y ha perdido 11% en cinco años, emerge una contradicción que define el momento económico de la isla: mientras las empresas extranjeras disfrutan de exenciones fiscales generosas, los emprendedores cubanos enfrentan un régimen tributario que castiga precisamente la innovación doméstica que el país necesita con urgencia.
Los números revelan una desigualdad desconcertante. En la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), las empresas extranjeras están exentas de impuestos sobre utilidades durante ocho años y posteriormente pagan solo 15%, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas cubanas (MiPyMEs) enfrentan una tasa del 35% desde el primer día de operaciones.
El Sector Privado como Salvavidas Económico
Desde que el gobierno cubano autorizó formalmente las MiPyMEs en septiembre de 2021, se han aprobado más de 11,000 entidades, de las cuales 60% representa emprendimientos completamente nuevos. Esta explosión empresarial ha sido vital: en el primer semestre de 2025, los privados realizaron importaciones por 1,195 millones de dólares, con las MiPyMEs responsables del 70%.
Comparación de Tasas de Impuestos sobre Utilidades
Desde el primer día
Primeros 8-10 años
Después del período
La Gran Paradoja: Las MiPyMEs cubanas enfrentan una carga fiscal del 35% desde su creación, mientras que los inversionistas extranjeros en la Zona Especial de Desarrollo Mariel disfrutan de exención total durante años y luego pagan menos de la mitad.
La contribución al empleo es igualmente notable. Entre 2012 y 2024, el sector privado creó aproximadamente 570,000 puestos de trabajo, compensando parcialmente la eliminación de casi un millón de empleos en el sector público. En 2024, las MiPyMEs aportaron el 23% de los ingresos tributarios del país, una cifra extraordinaria considerando las limitaciones que enfrentan.
Una Arquitectura Fiscal Diseñada para la Desigualdad
La disparidad tributaria va más allá de las tasas de impuestos sobre utilidades. Los empleados de MiPyMEs que ganan más de 30,000 pesos cubanos (109 dólares) mensuales deben pagar 20% de impuesto sobre ingresos personales, mientras que los inversionistas extranjeros gozan de estabilidad regulatoria y paquetes de incentivos a largo plazo.
Esta arquitectura fiscal refleja una priorización clara: atraer divisas extranjeras a cualquier costo, incluso si eso significa sofocar el potencial empresarial doméstico. Como explicó un exasesor jurídico empresarial consultado por medios locales: «lo que se busca es capital foráneo, sí o sí. Con tal de que entren divisas les damos los beneficios que sean».
Las Consecuencias de la Gran Estafa en Cuba
Esta discriminación fiscal tiene efectos profundos en la estructura económica. Las MiPyMEs, asfixiadas por la carga tributaria y la falta de financiamiento—solo reciben 1.2% del crédito oficial—se concentran en actividades de bajo riesgo y ciclo corto: importación de productos, servicios básicos y gastronomía.
El resultado es previsible: un sector privado que, pese a su dinamismo, no puede desarrollar industrias complejas o capacidad exportadora. La presión tributaria, combinada con la volatilidad regulatoria, fuerza a muchos negocios a mantenerse en actividades simples en lugar de innovar o escalar.
Esta situación contrasta marcadamente con experiencias exitosas de transición económica. Países como Vietnam, que también mantienen sistemas de partido único mientras abrazan reformas de mercado, han logrado crear campos de juego más equitativos entre empresas domésticas y extranjeras, facilitando el crecimiento manufacturero y exportador.
Un Modelo Que No Funciona
Incluso la venerada Zona Especial de Desarrollo Mariel, después de más de una década de inversión gubernamental superior a los 300 millones de dólares anuales, no ha cumplido sus objetivos de desarrollo. La zona cuenta con apenas 24 proyectos de once países, evidenciando que los incentivos fiscales por sí solos, sin una integración económica más amplia, no pueden impulsar un crecimiento sostenible.
La política actual refleja una mentalidad de suma cero: se percibe que empoderar a los empresarios domésticos amenaza el control estatal, mientras que los inversionistas extranjeros, por su naturaleza temporal y su aporte en divisas, resultan menos amenazantes políticamente.
El Costo de la Contradicción
Esta paradoja fiscal no solo es injusta, sino económicamente contraproducente. Cuba necesita desesperadamente diversificación productiva, creación de empleo y generación de divisas. Sin embargo, sus políticas tributarias penalizan exactamente a los actores que podrían lograr estos objetivos de manera más sostenible y arraigada.
La reforma del código tributario para equiparar el trato entre empresas nacionales y extranjeras no representaría una capitulación ideológica, sino realismo económico. Igualar las tasas de impuestos, expandir el acceso al crédito y reducir la incertidumbre regulatoria liberaría el potencial transformador que el sector privado ha demostrado tener incluso bajo condiciones adversas.
La Encrucijada
Cuba se encuentra en una encrucijada económica. Puede continuar con una política fiscal que privilegia el capital foráneo mientras ahoga la innovación doméstica, o puede reconocer que el crecimiento sostenible requiere empoderar a sus propios emprendedores. La crisis energética, la contracción económica prolongada y la inflación descontrolada hacen que el cambio no solo sea deseable, sino urgente.
El sector privado cubano ha demostrado su capacidad de generar empleo, aportar ingresos fiscales y dinamizar la economía pese a operar bajo condiciones restrictivas. La pregunta no es si Cuba puede permitirse empoderar a sus empresarios, sino si puede permitirse seguir sin hacerlo.
