Más de un siglo después del Tratado de París, miles de cubanos siguen esperando que España reconozca la mayor desnaturalización forzosa de su historia moderna

El 11 de abril de 1899, cuando España ratificó el Tratado de París que ponía fin a la guerra hispano-cubano-estadounidense, cometió lo que juristas e historiadores consideran la mayor desnaturalización masiva y forzosa de ciudadanos españoles en la historia moderna del país. De un plumazo, el Artículo IX de aquel tratado despojó de su nacionalidad española a cientos de miles de cubanos que habían nacido, vivido y servido a España como ciudadanos de pleno derecho. Hoy, 127 años después, ese agravio histórico sigue sin repararse.

«Los cubanos no sabemos que fuimos desnaturalizados. Nuestra nacionalidad originaria es la española y fue sencillamente eliminada con el tratado de París», afirma Maikel Arista-Salado, el cubanoamericano que en 2022 presentó una demanda judicial ante la Audiencia Nacional española para anular el polémico artículo. Su caso, admitido a trámite, representa la primera vez en más de un siglo que un tribunal español deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de aquella decisión.

La España más española

Para comprender la magnitud de esta injusticia histórica, es necesario entender qué era Cuba para España. Descubierta por Colón en 1492 y poblada desde principios del siglo XVI, Cuba no fue una colonia en el sentido clásico del término. Fue, en palabras del historiador José María Portillo, «una provincia de ultramar» integrada política y culturalmente en el Estado español desde la Constitución de Cádiz de 1812.

A diferencia de territorios continentales donde pervivieron importantes poblaciones indígenas con sus propias estructuras sociales, Cuba experimentó un proceso de hispanización casi total. La población taína prácticamente desapareció en el primer siglo de presencia española —por las razones demográficas, epidemiológicas y de explotación que fueran— y la isla se repobló enteramente con emigrantes de todas las regiones peninsulares. Andaluces, gallegos, catalanes, vascos, castellanos y canarios convirtieron a Cuba en un crisol donde las diversas identidades regionales españolas se fundieron en una nueva realidad cultural.

Genética y culturalmente, Cuba se asemeja extraordinariamente a Canarias: territorios insulares donde la diversidad peninsular encontró su síntesis perfecta. Como señaló el sabio alemán Alexander von Humboldt tras visitar la isla en 1800, los cubanos «superan en cultura y agudeza de ingenio a los más civilizados del mundo». No era condescendencia europea: Humboldt reconocía en Cuba una sociedad plenamente española, con sus universidades, teatros, prensa y vida política integrada en la metrópoli.

Cuba y las otras islas del Caribe español —Puerto Rico, Santo Domingo— fueron las puntas de lanza de la conquista del continente. Desde La Habana partieron las expediciones que sometieron México y exploraron Florida. Durante tres siglos, estos territorios insulares conservaron con mayor intensidad que ningún otro la identidad española, hasta que la fuerza expansionista de Estados Unidos los arrancó de la soberanía de Madrid.

Un parlamento con voz cubana

La integración política de Cuba en España no era nominal. Desde 1837, aunque con interrupciones, los cubanos eligieron representantes al Congreso de los Diputados. Tras las reformas de 1878, Cuba contaba con 30 diputados y 8 senadores en las Cortes españolas. Para poner esto en perspectiva: el partido Vox tiene actualmente 33 diputados en el Congreso español. Cuba tenía casi la misma representación que hoy un partido político importante.

La Ley de 9 de enero de 1879, promovida por Antonio Cánovas del Castillo, llegó a quitar escaños a provincias peninsulares para que Cuba y Puerto Rico pudieran tomar asiento en el Senado. «Cuba es una provincia importante», explica Arista-Salado. «Estamos hablando de que tenían la cantidad de representación que tiene ahora mismo en España un partido como Vox. No es poca cosa».

La Ley del Registro Civil española, extendida a Cuba en 1870, establecía que cualquier extranjero —francés, alemán, estadounidense— que residiera en la isla durante tres o cuatro años obtenía automáticamente la ciudadanía española. «Si ese derecho se le da a un extranjero», argumenta Arista-Salado, «¿cómo los que van a nacer ahí no van a ser españoles? Eso no tiene sentido».

En 1898, meses antes del final de la guerra, se celebraron elecciones parlamentarias en Cuba. El resultado, frecuentemente ignorado por la historiografía nacionalista, fue que el 60% de los votantes optó por permanecer integrados en España. Esa voluntad popular fue completamente ignorada.

El despojo de 1898

El Tratado de París firmado el 10 de diciembre de 1898 entre España y Estados Unidos puso fin a la guerra, pero creó una pesadilla jurídica para los cubanos. El Artículo IX establecía que los españoles peninsulares residentes en los territorios cedidos podían conservar su nacionalidad española mediante declaración expresa. Sin embargo, los «naturales» de Cuba, Puerto Rico y Filipinas —es decir, quienes habían nacido allí— perdieron automáticamente su condición de españoles. No se les concedió derecho de opción. Fueron, literalmente, despojados de su nacionalidad y dejados apátridas hasta que Estados Unidos decidiera qué hacer con ellos.

Montero Ríos, presidente del Senado español y jefe de la delegación negociadora en París, protestó formalmente. En el Protocolo nº 21 de la conferencia del 8 de diciembre de 1898, Montero Ríos dejó constancia escrita de que el artículo era «ilegal» y constituía una «imposición de Estados Unidos» a la que España no consentía libremente. Este documento, recientemente recuperado por investigadores, prueba que España firmó bajo coacción.

Rafael María de Labra, destacado jurista y experto en Derecho Internacional, escribió en 1900 que el Tratado violaba flagrantemente la costumbre internacional. Todos los tratados que transfieren territorio, explicaba Labra, deben incluir cláusulas que respeten el derecho de los habitantes a optar por su nacionalidad. «La negativa absoluta al derecho de los españoles nacidos en Cuba, Puerto Rico y Filipinas a optar por la nacionalidad originaria», escribió Labra, constituía una aberración jurídica sin precedentes.

El grito del Marqués de Cervera

El 14 de junio de 1901, Manuel de Ciria y Vinent, Marqués de Cervera, presentó un emotivo Manifiesto a las Cortes españolas. Nacido en Santiago de Cuba en 1841, militar de carrera y último alcalde de Marianao durante la guerra, el Marqués se había convertido en la voz de los cubanos despojados.

«En mi propio nombre y en el de todos los súbditos leales de España, naturales de las provincias perdidas, que lo sacrificaron todo en aras de la patria», escribió el Marqués, «pido justicia contra el abandono, contra la ingratitud de que hemos sido víctimas». Su Manifiesto, replicado un mes después a la Reina Regente María Cristina, detallaba casos desgarradores.

El coronel Matías Padilla, nacido en Cuba, había servido fielmente en el ejército español y falleció en España en noviembre de 1899, un mes después de dejar el mando de su regimiento. Sin embargo, su viuda cubana, María Ana Sánchez Griñán, vio denegada su pensión de viudedad porque, según la Dirección General de Clases Pasivas, había «perdido» la nacionalidad española el 11 de abril de 1899 —siete meses antes de la muerte de su esposo. «Ni cobra, ni conoce cuál es su nacionalidad», lamentaba el Marqués.

El propio Marqués de Cervera salvó su ciudadanía por nueve días: había llegado a la península el 2 de abril de 1899, justo antes de la fecha fatal del 11 de abril. «En Madrid, Barcelona y Cádiz hay multitud de familias que por haber llegado a España después del 11 de abril, por no haber tenido buque en que regresar, ni dinero con que pagar el pasaje, han sido despojados de sus haberes y de su nacionalidad», denunciaba.

El Marqués de Olivart, padre del Derecho Internacional español, publicó en 1900 un extenso estudio calificando la desnaturalización de «un atraco» e «impensable» desde cualquier perspectiva jurídica civilizada.

Un siglo de silencio

Durante décadas, el reclamo quedó enterrado. La España de la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo tuvieron otras prioridades. Los cubanos, por su parte, construyeron una identidad nacional basada en la negación de su pasado español. Como señala la historiadora Magdalena Díaz Hernández de la Universidad de Sevilla, «mucho de lo que tenemos inculcado es falso. Es una historia manufacturada para justificar la existencia del Estado cubano».

No fue hasta 2012 que Ferrán Núñez, escritor e historiador de origen cubano, fundó en Francia la organización Autonomía Concertada para Cuba (ACC) y comenzó a investigar sistemáticamente el tema. Su libro «España contra los salvajes: una guerra civil olvidada» proporcionó evidencia histórica sobre la presencia española en Cuba y reavivó el debate.

En 2020, Maikel Arista-Salado, profesor en Chicago y refugiado político cubano, asumió el liderazgo de ACC y cambió su enfoque: de buscar una renovada vinculación política con España a reclamar el reconocimiento de la ciudadanía históricamente arrebatada.

El precedente sefardí

En 2015, España aprobó una ley que concedía la nacionalidad a los descendientes de judíos sefardíes expulsados en 1492 por los Reyes Católicos. Más de 36,000 personas obtuvieron pasaportes españoles antes de que la ley expirara en 2019. Para muchos, esto estableció un precedente inequívoco.

«Es la misma ratio, es la misma esencia», argumenta Arista-Salado. «Si reconocieron a los sefardíes 523 años después, negar a los cubanos después de solo 127 años sería un escándalo total». La diferencia es notable: los sefardíes fueron expulsados hace más de medio milenio; los cubanos fueron desnaturalizados hace poco más de un siglo, cuando España ya era un Estado constitucional moderno.

La batalla actual

En octubre de 2022, Arista-Salado presentó una petición formal al Consejo de Ministros español solicitando la anulación del Artículo IX del Tratado de París. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la denegó en abril de 2023, argumentando que la Convención de Viena sobre tratados internacionales solo permite denunciar un tratado si las partes así lo acordaron al firmarlo, y que el Tratado de París únicamente dejó esa opción para el Artículo XV.

«El Gobierno se pasa por el forro esa consideración», respondió Arista-Salado. «Yo no estoy pidiendo una opinión acerca de la conveniencia. Digo que hay que denunciarlo porque vulnera derechos fundamentales». Su argumento es directo: el Artículo 11.2 de la actual Constitución española establece que «ningún español de origen puede ser despojado de su nacionalidad». Aunque este artículo no existía en 1898, Arista sostiene que el principio ya formaba parte de la costumbre jurídica española.

La demanda fue admitida a trámite por la Audiencia Nacional, un hecho sin precedentes. «Por primera vez en 127 años», explica Arista-Salado, «va a existir un pronunciamiento judicial sobre la constitucionalidad del artículo 9. Esto nunca antes se había hecho». Su abogado, Emmanuel, un jurista canario, considera que tienen toda la jurisprudencia de su lado y que la defensa de la Abogacía del Estado fue «bastante pobre».

Paralelamente, existe una demanda para revisar la Consulta de 2007 de la Dirección General de Registros y Notariado que equiparó a Cuba y Puerto Rico con el Sahara y Guinea Ecuatorial como «colonias». Este error histórico-jurídico ha generado denegaciones sistemáticas en los consulados españoles. «Cuba tenía diputados en el Congreso», recuerda Arista-Salado. «El Sahara nunca tuvo representación parlamentaria. No es lo mismo».

¿Cuántos están afectados?

Según el censo de 1898, el 87% de la población cubana era ciudadana española. Si se tiene en cuenta que Cuba es una isla con altos niveles de población nativa —es decir, cuyos ancestros llevan siglos allí— Arista-Salado estima que entre el 85% y el 87% de los actuales once millones de cubanos podrían ser elegibles para la ciudadanía española si se anulara el Artículo IX.

Ferrán Núñez, basándose en el censo de 1933 que registraba 840,055 españoles en Cuba, calculó que unos cinco millones de cubanos podrían beneficiarse. Incluso estimaciones conservadoras hablan de varios millones de personas.

Un futuro incierto

La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, permite a los nietos de españoles exiliados durante la Guerra Civil y dictadura franquista obtener la nacionalidad. Sin embargo, su plazo vence el 22 de octubre de 2025, y no beneficia a los descendientes de cubanos nacidos en Cuba antes de 1898, precisamente por la barrera del Artículo IX. De las más de 680,000 solicitudes presentadas, solo el 30% ha sido tramitado.

«Tenemos que abandonar este nacionalismo enfermizo», argumenta Arista-Salado, «y empezar a pensar de manera más cívica. Independencia y libertad son dos cosas completamente distintas». Su objetivo no es político —no busca anexión ni dependencia—, sino puramente jurídico: que España reconozca el error y restaure derechos arrebatados.

El Gobierno español, de momento, mantiene su negativa. Pero la historia tiene una extraña manera de cerrar círculos. Si España pudo reconocer a los sefardíes cinco siglos después, ¿por qué no puede reparar una injusticia de hace apenas 127 años? Miles de cubanos, como aquellos que defendió el Marqués de Cervera en 1901, siguen esperando una respuesta que la España del siglo XXI aún no ha dado. La pelota está ahora en los tribunales, donde, por primera vez en más de un siglo, la justicia tendrá la oportunidad de hacer lo que la política no pudo: rectificar el mayor despojo de ciudadanía en la historia moderna española.