El 25 de febrero de 2026, según informes de prensa y del Ministerio del Interior de Cuba, una lancha proveniente de Florida intentó entrar a la isla con armamento, presuntamente para emprender acciones armadas contra el poder político establecido.
Los voceros oficiales y los apologetas del Estado, el gobierno y el Partido Comunista no tardaron en calificar a los involucrados como “terroristas”, reforzando la narrativa de una amenaza externa permanente.
Sin embargo, esa condena tajante suele ir acompañada de una conveniente amnesia histórica.
Se omite que el Movimiento 26 de Julio, fundado y liderado por Fidel Castro, desarrolló en la década de 1950 una estrategia insurreccional que incluyó sabotajes con explosivos en ciudades, ataques a infraestructuras eléctricas, ejecuciones extrajudiciales de policías y militares, el secuestro del piloto argentino Juan Manuel Fangio en 1958, y también el secuestro del vuelo 495 de Cubana de Aviación el 1 de noviembre de ese mismo año.
Ese episodio —hoy prácticamente borrado del relato oficial— terminó en tragedia.
El secuestro del vuelo 495
El 1 de noviembre de 1958, un avión DC-3 de Cubana de Aviación que cubría la ruta entre Miami y Varadero fue secuestrado por miembros del Movimiento 26 de Julio.
La intención, según investigaciones periodísticas posteriores, era desviar la aeronave hacia la Sierra Cristal, en el oriente del país, para abastecer con armas y pertrechos a las fuerzas rebeldes que combatían contra el régimen de Fulgencio Batista.
La operación salió mal. El avión, con más de una veintena de pasajeros a bordo, intentó aterrizar en una pista improvisada en la zona de Nipe, en el oriente cubano. La maniobra fracasó y la aeronave se estrelló.
Murieron 17 personas, entre ellas mujeres y niños. Fue uno de los episodios más trágicos de la violencia política de los años 50 en Cuba.
Durante décadas, el hecho permaneció prácticamente silenciado en la historiografía oficial. No encajaba con la narrativa épica de una revolución sin mácula moral.
Sin embargo, investigaciones como la del periodista Gerardo Reyes para la BBC Mundo y reportajes publicados en el El Nuevo Herald y en el medio independiente 14ymedio han rescatado el caso del olvido, documentando testimonios y detalles de lo ocurrido.
Violencia revolucionaria y legitimidad política
La discusión no es si el régimen de Batista fue autoritario o represivo —lo fue—, sino si el recurso a la violencia indiscriminada contra civiles puede justificarse moralmente cuando lo ejerce un movimiento que luego triunfa y se convierte en poder.
El secuestro del vuelo 495 no fue un combate entre fuerzas armadas. Fue una acción que puso deliberadamente en riesgo a civiles para cumplir un objetivo militar. Lo mismo puede decirse de otros sabotajes urbanos con bombas que sembraron temor en la población. Si hoy se califica como “terrorismo” la introducción de armas con fines insurreccionales, habría que aplicar el mismo rasero histórico a los métodos utilizados por quienes luego fundaron el Estado revolucionario.
El problema no es solo histórico, sino ético y político. Cuando el poder monopoliza la definición de “terrorismo”, el término deja de ser una categoría jurídica consistente y se convierte en un instrumento propagandístico. La violencia es condenada o legitimada según quién la ejerza y quién controle el aparato narrativo.
Memoria, poder y doble estándar
El caso del vuelo 495 revela un patrón más amplio: la memoria selectiva. Los actos violentos del pasado revolucionario son reinterpretados como “acciones heroicas” o simplemente omitidos, mientras que cualquier intento contemporáneo de acción armada contra el Estado es presentado como criminalidad pura, sin contexto ni matices.
Reconocer estos hechos no implica equiparar todas las circunstancias históricas ni negar la complejidad del conflicto cubano en los años 50. Implica, más bien, exigir coherencia moral. Si el uso de la violencia contra civiles es condenable hoy, también lo era ayer.
El vuelo 495 no es solo un episodio trágico del pasado. Es un espejo incómodo que obliga a revisar los relatos oficiales y a preguntarse si la legitimidad política puede construirse sobre una memoria incompleta.
La historia, cuando se cuenta a medias, termina sirviendo más al poder que a la verdad.
