El politólogo cubano Carlos Alzugaray Treto propone, en un extenso texto publicado en La Joven Cuba, una reforma electoral que —según él— permitiría avanzar en la democratización del sistema político cubano sin cuestionar sus fundamentos. Su tesis central es conocida: Cuba no sería una dictadura, sino un régimen autoritario con zonas grises, y por tanto podría perfeccionarse mediante elecciones “competitivas” dentro del marco del partido único.
El problema es que, al describir con notable precisión el funcionamiento real del sistema político cubano, Alzugaray termina demostrando exactamente lo contrario de lo que afirma: que Cuba sí reúne los rasgos esenciales de una dictadura contemporánea, aunque luego se niegue a llamarla por su nombre.
El diagnóstico que niega su propia conclusión
Alzugaray describe un sistema donde:
- El Partido Comunista supervisa todo el proceso electoral (artículo 5 de la Constitución).
- No existen candidaturas independientes ni pluralismo político.
- Las elecciones nacionales funcionan con listas cerradas, un solo candidato por cargo y voto unido.
- La Asamblea Nacional vota por unanimidad sistemática, a viva voz, sin deliberación real.
- Las decisiones clave se toman fuera de las instituciones formales, muchas veces por actores sin cargos oficiales, como Raúl Castro.
- El secretismo es una práctica estructural, no una desviación ocasional.
Todo esto no es una caricatura opositora ni una lectura “externa”: es el propio Alzugaray quien lo expone con claridad. Sin embargo, en una nota al pie, rechaza el concepto de dictadura y cuestiona a quienes “dividen el mundo entre democracias y dictaduras”.
Aquí surge la contradicción central: si un sistema concentra el poder político en un solo partido, impide la alternancia, anula la competencia real por el poder, subordina el Estado al partido y convierte las elecciones en rituales de ratificación, estamos ante una dictadura, aunque se la adorne con elecciones, parlamento y constitución.
La ciencia política —incluida la que cita Alzugaray— no exige tanques en la calle ni caudillos eternos para definir una dictadura. Basta con la negación efectiva de la soberanía popular.
Elecciones competitivas sin soberanía popular
La propuesta estrella de Alzugaray es introducir elecciones “competitivas” con al menos dos candidatos para todos los cargos electivos, incluyendo presidente, diputados y gobernadores. Pero él mismo aclara que no propone elecciones multipartidistas y que el PCC seguiría siendo el partido hegemónico.
Aquí está el núcleo del problema: no puede haber elecciones democráticas si el poder constituyente está secuestrado por un partido único. La competencia que se propone es puramente administrativa, no política. Los candidatos seguirían siendo filtrados por comisiones controladas por el partido; el marco ideológico seguiría siendo obligatorio; las reglas del juego no podrían ser cuestionadas por los electores.
En otras palabras, se permitiría elegir entre gestores del mismo proyecto, pero nunca decidir sobre el proyecto mismo.
Eso no es democracia. Es, en el mejor de los casos, una oligarquía de partido con mecanismos internos de selección ampliados.
El error de confundir procedimiento con poder
Alzugaray confía en que una Asamblea “más representativa” podría fiscalizar al Ejecutivo. Pero él mismo demuestra, a lo largo del texto, que el problema de la Asamblea Nacional no es técnico, sino estructural: no responde a los ciudadanos, sino al Partido.
Mientras el PCC conserve su papel constitucional como “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”, ningún diputado será realmente libre. No importa cuántos candidatos haya en la boleta si todos deben lealtad a una instancia no electa.
El politólogo reconoce incluso que el Primer Secretario del Partido está por encima del Presidente de la República. Esa sola afirmación desmonta cualquier pretensión de democracia funcional.
El papel del “criticismo permitido”
Aquí es donde el texto de Alzugaray adquiere una dimensión política más profunda. Su crítica es real, detallada y, en muchos pasajes, certera. Pero es una crítica que nunca cruza la línea roja: el cuestionamiento del monopolio del poder.
Este tipo de discurso cumple una función clave en los sistemas autoritarios: canaliza el descontento hacia reformas controladas, legitima la idea de que el problema es de “funcionamiento” y no de naturaleza del régimen, y ofrece a la élite gobernante un lenguaje sofisticado para simular apertura sin asumir riesgos reales.
No es casual que propuestas como esta sean toleradas, e incluso promovidas, en ciertos espacios oficiales o paraoficiales.
El límite de las reformas sin ruptura
La crisis cubana no es solo una crisis de gestión, secretismo o unanimidad. Es una crisis de legitimidad democrática. Mientras el poder no emane libremente de la ciudadanía, mientras no exista la posibilidad real de alternancia, mientras disentir políticamente siga teniendo costos, ninguna reforma electoral cosmética resolverá el problema de fondo.
Proponer elecciones competitivas sin pluralismo político es como proponer libertad de prensa sin medios independientes: una ilusión que puede parecer audaz en el papel, pero que no altera el equilibrio real del poder.
Alzugaray quiere un sistema que funcione mejor. Muchos cubanos, dentro y fuera de la isla, quieren algo más elemental: poder elegir libremente a quienes gobiernan y poder cambiarlos. Esa es la diferencia entre reformar una dictadura y superarla.
