El Consejo de Ministros de Cuba acaba de aprobar una medida que el Estado presenta como «ayuda» a los damnificados del huracán Melissa: financiará el 50% del precio de los materiales de construcción. La otra mitad la pagan las familias. Las mismas que lo perdieron todo. Las mismas que viven con salarios que no alcanzan ni para comer. Las mismas a las que ahora se les pide pagar por reconstruir lo que un huracán destruyó.

Llamémosle por su nombre: esto no es solidaridad. Es una transacción comercial disfrazada de auxilio.

La aritmética de la desgracia

Los números no mienten, aunque a veces incomoden. El salario medio en Cuba durante 2024 fue de 5,839 pesos cubanos mensuales, según la propia Oficina Nacional de Estadística e Información. Traducido al cambio informal —porque el oficial es una ficción que ni los funcionarios usan para sus compras—, eso equivale a 16 dólares al mes. Dieciséis.

Pero la cosa empeora cuando miramos hacia el oriente del país, precisamente la zona devastada por Melissa. Santiago de Cuba reporta el salario medio más bajo de toda la nación: 5,123 pesos mensuales. Guantánamo apenas supera los 5,258 pesos. Granma registra 5,263. Estas no son cifras abstractas. Son vidas reales. Son familias que ya no podían comer antes del huracán.

El economista Omar Everleny calculó que para cubrir la canasta básica de dos personas en La Habana —solo alimentación— se requieren unos 24,351 pesos mensuales, equivalentes a aproximadamente 202 dólares. El salario medio de 5,839 pesos representa apenas el 24% de ese monto. Y eso en la capital, donde los salarios son más altos. En Santiago de Cuba, Guantánamo o Granma, la situación es aún más brutal.

Ahora hagamos el cálculo que al parecer nadie en el gobierno se molestó en hacer: una vivienda modesta de 25 metros cuadrados —solo los materiales básicos: tejas, vigas, cemento, bloques, tuberías, puertas y ventanas— puede costar alrededor de 650 dólares. El 50% que debe pagar la familia: 325 dólares. Eso equivale a más de 20 meses del salario medio en Santiago de Cuba. Casi dos años.

Para una vivienda de 50 metros cuadrados, hablamos de 1,100 dólares en materiales. El 50%: 550 dólares. Más de tres años de salario. Y estos cálculos son conservadores: no incluyen mano de obra, transporte, ni las inevitables sobretasas de un mercado donde todo escasea.

El precedente de la crueldad

Esta no es la primera vez que el Estado cubano convierte el desastre en mercancía. Después del huracán Ian en 2022, del terremoto en Granma y Santiago en 2024, de la tormenta Idalia en 2023: siempre la misma fórmula mágica. El Estado «subsidia» el 50%. La familia paga el resto. Como si subsidiar la mitad del precio fuera generosidad cuando el punto de partida es la pérdida total.

La Gaceta Oficial de Cuba está plagada de estos «acuerdos». Acuerdo 9999, Acuerdo 9868, Acuerdo 9689: todos repiten la misma cantinela del 50%. Es una política, no un error. Es una decisión deliberada de convertir la reconstrucción en un negocio donde el Estado actúa como vendedor y los damnificados como clientes forzosos.

Y luego está la ironía macabra de las «alternativas» que ofrece el gobierno: créditos bancarios con «condiciones preferenciales», subsidios directos para quienes «no tengan ingresos suficientes», financiamiento a través de la Asistencia Social. Traducción: si no puedes pagar, endeúdate. Si estás en la miseria absoluta, llena formularios para demostrar que efectivamente estás en la miseria absoluta. Si eso tampoco funciona, recurre a un sistema de asistencia social que ya está desbordado por una crisis económica que afecta a todo el país.

La dignidad no se vende a plazos

Durante 2020-2024, el Estado cubano implementó un régimen de subsidios a la producción y comercialización de cemento por 961.3 millones de pesos. Ese dinero se destinó a proyectos de infraestructura crítica, a compensar costos productivos, a sostener empresas descapitalizadas. Pero cuando se trata de las familias que perdieron sus casas, sus electrodomésticos, sus colchones, su ropa, los útiles escolares de sus hijos, ahí sí no hay subsidio completo. Ahí sí toca pagar el 50%.

El Estado puede subsidiar hoteles, puede financiar proyectos gubernamentales, puede mantener estructuras burocráticas. Pero cuando llega la hora de ayudar a quienes lo perdieron todo, saca la calculadora y te cobra.

Las imágenes del oriente de Cuba después de Melissa hablan por sí solas: pobreza, miseria, casas que no resisten ni un viento platanero. No necesitan más adjetivos. Solo necesitan ser vistas. Y cuando las ves, la pregunta se impone: ¿cómo alguien puede pensar que estas familias tienen recursos para pagar el 50% de una reconstrucción?

La ayuda internacional llegó. UNICEF gestionó un cargamento de insumos médicos para más de 90,000 personas afectadas. Gobiernos y organizaciones solidarias enviaron recursos. Pero esa ayuda se convierte en mercancía subsidiada en lugar de distribuirse según necesidad. Se transforma en un producto que hay que comprar, aunque sea con descuento.

La palabra que no se dice

Hay una palabra que nadie en el gobierno pronuncia cuando habla de estas medidas: pobreza. Porque reconocer la pobreza extrema en esas zonas implicaría admitir que cobrar el 50% es imposible. Que convertir el auxilio en transacción comercial es inmoral. Que llamar «subsidio» a venderle materiales con descuento a quien perdió todo es un eufemismo obsceno.

La inflación interanual fue del 24.88% en 2024. Los precios se han triplicado desde 2020. Un cartón de huevos cuesta 3,200 pesos. Una libra de carne de cerdo supera los 1,300 pesos. El cemento en el mercado informal alcanza los 1,500 pesos el saco. Y en los rastros oficiales, cuando hay, te dicen que «es para subsidio» —la frase mágica para justificar que no te vendan nada—, o te lo venden solo con pago electrónico, ese método que le «aporta transparencia al proceso» pero que excluye a quienes no tienen tarjetas bancarias o saldo digital.

Dos personas necesitan más de ocho salarios promedio para sobrevivir un mes en Cuba, calculó el economista Omar Everleny. Más de 29 jubilaciones promedio. Y ahora se les pide pagar el 50% de una casa. No es ayuda. Es burla.

La solución que no existe en porcentajes

El problema no es el porcentaje. El problema es que hay porcentaje. Cuando un huracán categoría 3 arrasa comunidades enteras, cuando las familias quedan literalmente en la calle, cuando la pobreza previa al desastre ya era insoportable, la respuesta del Estado no debería incluir precios, descuentos, créditos o plazos.

Debería incluir reconstrucción. Punto.

El techo no es un lujo. Es un derecho. Y cuando un desastre natural destruye ese derecho en zonas de extrema vulnerabilidad económica, cobrarlo —aunque sea la mitad— es convertir la dignidad en mercancía. Es profundizar la herida mientras se presume de curarla.

El Estado cubano puede publicar todas las Gacetas Oficiales que quiera, todos los Acuerdos del Consejo de Ministros que considere necesarios. Puede repetir la fórmula del 50% hasta la eternidad. Pero los números son tercos: con 16 dólares al mes no se reconstruye nada. Con salarios que no alcanzan ni para comer no se paga ni el 10% de una casa. Con una economía donde una maestra no puede comprar más que jabón y pasta dental con su salario mensual, pretender que las familias financien la mitad de su reconstrucción no es política social.

Es, en el mejor de los casos, una desconexión absoluta con la realidad. En el peor, una indecencia moral disfrazada de auxilio estatal.

Las familias del oriente de Cuba no necesitan descuentos. Necesitan casas. No necesitan créditos. Necesitan paredes que los protejan de la próxima tormenta. No necesitan que les subsidien el 50%. Necesitan que alguien en el gobierno recuerde que ayudar de verdad no tiene precio.