El 27 de noviembre de 1871 se inscribe en la Historia de Cuba como un acto de barbarie y la más clara demostración de la podredumbre moral del dominio español sobre la Isla, en su etapa final.
Aquel día, el sol se alzó sobre La Habana para presenciar el fusilamiento de ocho jóvenes estudiantes de Medicina, crimen judicial cometido a plena luz del día, impulsado por la histeria, la calumnia y la sed de sangre de las milicias de Voluntarios españoles y criollos leales a la Corona.
Vale hurgar en la absurda acusación, el papel de los verdaderos verdugos, el sacrificio de los inocentes y la figura solitaria del capitán español Federico Capdevila, un hombre de honor en medio de la ignominia.
No hubo tragedia bélica, sino un asesinato legal que polarizó irremediablemente a la sociedad cubana y que se conmemora, aún hoy, como un día de duelo nacional no oficial por la pérdida de la inocencia.
La calumnia absurda y la sed de venganza de los voluntarios
La génesis de la tragedia fue tan absurda como sangriento su colofón. Días antes, el 23 de noviembre, un grupo de estudiantes de primer año de Medicina de la Real y Literaria Universidad de La Habana visitó el Cementerio de Colón tras la inasistencia de un profesor.
En un gesto de juvenil irreverencia se pasearon entre las tumbas, jugaron con el carro en que se transportaban los ataúdes y pasaron delante del nicho de Gonzalo Castañón; reconocido periodista español, director del diario La Voz de Cuba; muerto en duelo con un independentista criollo.
La acusación que sirvió de mecha al polvorín, fue la profanación de su tumba: se les imputó raspar con navajas el cristal del nicho y arrancar las flores que lo adornaban. Era calumniosa y ridícula. No existía prueba alguna, ni motivo lógico, para que un grupo de estudiantes se ensañara con los restos de un periodista.
Sin embargo, la histeria antirrevolucionaria que asolaba La Habana, alimentada por los estragos de la Guerra de los Diez Años (1868-78), encontró en el rumor la excusa perfecta para una represalia ejemplar. Los Voluntarios; milicias cívicas compuestas por peninsulares y criollos acaudalados leales a España; eran el verdadero poder en la ciudad.
Estos batallones, rabiosamente leales a la metrópoli y ansiosos por demostrar su patriotismo con sangre ajena, exigieron castigo brutal e inmediato. Su presión fue tan violenta que superó la autoridad del Capitán General, sumiendo a las autoridades civiles y militares en un estado de parálisis y miedo a contradecir a las masas armadas. La exigencia no era juicio, sino escarmiento; la sed de venganza primó sobre la justicia.
El juicio farsa y el sacrificio de la inocencia
Bajo la presión directa de los Voluntarios, que rodeaban el edificio y gritaban amenazas de muerte, se celebró un juicio militar sumario que fue una farsa total. A los jóvenes se les impuso un abogado de oficio, el Capitán español de Artillería Federico Capdevila y Miñano, que se convertiría en símbolo de la ética en medio de la bajeza.
Capdevila, consciente de la absoluta inocencia de los acusados, llevó a cabo una defensa audaz y rigurosa, argumentando la inconsistencia de los testimonios y la falta total de pruebas. Su valentía fue excepcional, pues defendiendo a los estudiantes, se enfrentaba directamente a la furia de los Voluntarios, arriesgando su propia vida.
A pesar de la defensa ejemplar, la sentencia del primer consejo de guerra fue de seis años de cárcel para los 43 estudiantes detenidos, un castigo que se consideró insuficiente por la turba armada. Los Voluntarios no aceptaron el veredicto y forzaron un segundo juicio, presidido por un tribunal militar diferente y aún más presionado.
En este segundo consejo, se decidió sortear quiénes serían los fusilados. El sorteo, un acto que intentaba disfrazar el asesinato colectivo con un barniz de «justicia», condenó a muerte a ocho estudiantes. La infamia se consumó sobre la base de una calumnia y el miedo de la autoridad colonial a sus propias milicias.
Los nombres de los inocentes – Alonso Álvarez de la Campa, Pascasio Baragaño, Carlos de la Torre, Angel Laborde, Anacleto Bermúdez, Eladio González, José de Marcos y Ramón de Murray- quedaron grabados en la memoria cubana como mártires de la perfidia colonial.
El protagonismo de los Voluntarios y la ejecución
La mañana del 27 de noviembre, los ocho estudiantes fueron llevados al Paseo del Prado, ante una multitud que, en gran parte, era la misma que había instigado su muerte. Los Voluntarios impulsaron la condena y actuaron como pelotón de fusilamiento, asegurándose de que la sangre derramada fuera obra de su propia mano y no del ejército regular (cuyos oficiales mostraron, en muchos casos, repugnancia ante el crimen).
El sacrificio de los jóvenes fue un castigo por el simple hecho de ser jóvenes criollos de clase media, potenciales cuadros de la Revolución y, por tanto, sospechosos de «separatismo».
La agonía de los estudiantes fue breve. Ante el muro, el joven Alonso Álvarez de la Campa gritó: «¡Yo soy inocente!». Las descargas de los fusiles silenciaron las voces, pero no la verdad. El Capitán Federico Capdevila, cumpliendo con su deber hasta el final, intentó en vano apelar ante el Capitán General; frustrado por la impotencia, se retiró a su casa y guardó luto, tras haber quebrado su espada, considerándola mancillada.
Los Voluntarios, satisfechos con su demostración de fuerza, se dedicaron a celebrar la barbarie, convencidos de que habían impartido una lección de lealtad al Imperio. Sin embargo, el fusilamiento tuvo el efecto contrario: selló la brecha entre criollos y peninsulares y radicalizó la causa independentista.
La infamia y la postrera reparación histórica
La infamia de aquel 27 de noviembre fue tan profunda que la verdad se impuso incluso sobre el miedo de las autoridades coloniales. Años después, el hijo de la supuesta víctima, Gonzalo de Castañón y Dorticós, al retirar los restos de su padre para llevarlos a España, decidió actuar contra la calumnia.
Emitió una declaración jurada y por escrito ante notario, afirmando que la tumba de su padre jamás había sido profanad y confirmando públicamente que la acusación excusa para el fusilamiento era una mentira absoluta.
Esta declaración supuso una bofetada a la cobardía judicial y moral de las autoridades españolas. La confesión de inocencia, proveniente de la propia familia afectada, consagró a los ocho estudiantes como mártires y víctimas de un crimen de Estado. El nombre de Capdevila; defensor honorable; fue reivindicado y la actuación de los Voluntarios, condenada por la Historia.
El fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina es el epítome del despotismo colonial. Un asesinato, un acto de terrorismo de Estado que demostró que el poder de las milicias y la sed de sangre eran más fuertes que cualquier Justicia.
